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miércoles, 4 de julio de 2012

La edad de oro de la corrupción.

Vivimos una etapa que puede ser calificada de pesadilla en varios apartados: una pesadilla administrativa, fiscal, de derechos humanos, económica y social. En primer lugar, administrativa. Nos dicen que nos cuentan que la carga impositiva que soportamos no es suficiente para pagar todos los servicios sociales, la gente abusa de los medicamentos gratuitos, tenemos demasiada gente contratada en hospitales, colegios y administración en general. En segundo lugar fiscal, íntimamente relacionada con la primera pues, si no hay, hay que sacar de algún sitio, nos dicen que nos cuentan que las corporaciones públicas no pagan impuestos y las privadas sí, que hay muchos morosos que no pagan sus multas y mucho deportista de élite que no paga sus impuestos en el país. Siguiendo con lo antes expuesto, soportamos en nuestras cabezas que los productos que consumimos son baratos por que los fabrican en China, sin derechos humanos, nuestro pescado en

África con las mismas condiciones, hay presos en Guantanamo, se viola el Protocolo de Kyoto y nos vamos a morir todos de una insolación y no podemos hacer nada. Vivimos una pesadilla económica con la prima de riesgo, los pagos de las hipotecas, las expropiaciones forzosas, trabajos cada vez más cortos y de menos salarios, con miedo por nuestras jubilaciones. Y por último social, pues por todas estas cosas que he enumerado antes,  nos dicen y nos cuentan que la sociedad se aísla, se aliena, gente que lucha por no sé qué y deben ser terroristas, gente que gana más de X o menos de Y, los extranjeros se aprovechan de la sanidad y te quitan el trabajo, que si Madrid, que si Barça, que si apoyo públicamente a Carmen de Mairena, que si España somos los mejores que hemos hecho historia... respecto a éste último punto me gustaría recordar que los países que ganaron o fueron finalistas de algún Mundial, Euro copa o Copa de América, estaban sufriendo un brutal recorte de derechos en sus paises: Chile de Pinochet, Argentina de  Vidal, Inglaterra, Brasil, Alemania, Francia, Grecia, Italia o España de Zapatero y Rajoy. Es sólo un apunte curioso sacado de contexto.

La solución que nos dan a nuestros lamentos y nuestra agonía ¿cuál es?. Primero hay que saber que quiere la gente. La gente no quiere corrupción en las Administraciones públicas, ni el abuso de unos frente a otros, ni quiere arruinarse. ¿Solución? Reducir la AdP (Administración Pública a partir de ahora), copago (mejor dicho repago) de medicamentos por parte de los administrados y dar crédito a los bancos para que nos los puedan prestar a los contribuyentes en mejores condiciones. Así dicho hasta parece la solución perfecta. No más corrupción, no más abuso, no más ruina. Y sí es la solución perfecta es, únicamente, por que han buscado que "pidamos" exactamente eso. ¿cómo? Provocando que odiemos a la Administración, a lo público, la vía privada se hace más dulce.

Permitan que les explique que es la Administración: Es la entidad pública que es regulada por el Dº Administrativo en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sujeta al derecho penal, procesal y sobre todo a la Constitución Española de 1978, con especiales controles y suspicacias. Tiene algunos organismos más bien burocráticos que se escapan de esa Jurisdicción tan especial: Cortes Generales, Parlamentos, Consejo General de Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Corona, Defensor del pueblo, Tribunal de Cuentas, Admón electoral y algunas corporaciones de derecho público que tienen sus propias normas, pero que en materia de funcionariado, funcionamiento y legalidad han de ceñirse a esa jurisdicción del Contencioso-Administrativo, pues si no quedaría violado el art. 24 de la Constitución, a la protección judicial efectiva frente a todos los poderes públicos.

¿Y entonces que está pasando, si eso es así, cómo han podido crear un problema de esa magnitud para darnos luego su solución? Bueno, no todo funciona tan bien como debería de ser. Los políticos han encontrado "huecos" legales para trapichear y llevarnos a esta situación, aprovechando el dinero que mana de multinacionales bancarias, petroleras, eléctricas y telecomunicaciones, así como de alimentación.

Uno de esos huecos legales es que quien hace las leyes es el que luego pretende ejecutarlas. Cuando votamos al Senado, votamos por los mismos partidos que en el ejecutivo y es más, el Senado está tan sumamente controlado por el ejecutivo que las Leyes las fabrica este último en formato de Decreto-Ley. ¿Dónde está la separación de poderes del Estado democrático? ¿Dónde está la voz del pueblo, pues el Senado no sirve ni representa en principio otra cosa? Más de lo mismo sucede con el Poder Judicial: los  dirigentes se eligen a dedo por los partidos políticos dominantes, así que algo de lealtad a la persona que te elige tendrán. Luego la gente se sorprende de que haya personas que quieren una Democracia de verdad. No hay democracia, no puede existir, ni haber existido, ni morir, si los tres poderes están bajo la vigilancia y control de uno de ellos, y éste está bajo la influencia monetaria y primas varias de las sociedades anónimas multinacionales. Eso es una Corporatocracia oligárquica. Recordar en este punto que las corporaciones privadas no tienen sentimientos, ni ética, ni apego a las Leyes españolas: su primer y único fin es ganar más dinero para sus socios.


El otro entramado legal por el que están provocando (a propósito) que los ciudadanos odiemos las instituciones democráticas es la corrupción política y judicial. Ésto sucede por que las Entidades públicas escapan de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa hacia la privada. ¿Cómo es esto? Es más sencillo de lo que parece y está basado en dos decisiones judiciales históricas: la creación del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924 y la creación del INI de 1939, que habilitaron a los Entes Locales y al Estado para crear empresas en forma de S.A. de un socio. Desde entonces la gestión de funciones, servicios públicos, contratación de obras públicas se hace por derecho privado por ser "más eficaz". En otras palabras, huyen del Dº público por sus suspicacias y controles, dejando el terreno abonado a la corrupción. ¿Por qué esto es malo? Se preguntarán. No es que sea malo per se, sino que no se ajusta a la Constitución, que es nuestra única protección (bastante ambigua) que tenemos.


El Derecho privado en ningún caso garantiza nuestros derechos constitucionales de:


- Legalidad: en el Dº privado es lícito todo lo que no está prohibido.
- Prohibición de la arbitrariedad (art. 9.3 CE)
- Objetividad, merito y capacidad (art. 23 CE)
- Imparcialidad (art. 103 CE)
- Igualdad (art. 14 y 23 CE)
- Actuación administrativa a través de procedimientos (art. 105.3 CE)


En el derecho privado estos derechos son del todo irrelevantes y se imponen para todas las AdP. Además, el art. 103 CE dicta los principios a los que se someten las AdP: objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.


No es que el sector privado sea más eficaz que las AdP, eso es algo de sobra desmitificado (tampoco digo que sea más eficaz), sino que es un trampolín para trapichear, saltarse la Ley y coger un trozo del delicioso pastel de las arruinadas arcas públicas. 


Sabiendo cual es el problema, nos toca a los entendidos en derecho poner las soluciones a los problemas de verdad, que no son, bajo mi punto de vista, los que he enumerado antes. Lo que de verdad pide la gente es (1) Que la respeten, que nadie sea más o menos que nadie, que no nos tomen el pelo una y otra vez; (2) Que se tomen decisiones políticas y económicas coherentes y beneficiosas para ellos y si no, que les dejen votar a ellos esas decisiones; (3) Que les permitan expresar libremente cualquier opinión en cualquier sitio, con el respeto debido hacia los demás; (4) El despido libre de políticos y grandes empresarios, con penas de prisión, sanciones económicas e inhabilitaciones permanentes para los culpables; (5) Justicia, Libertad y tranquilidad en el día a día, sin tener que soportar impunes ataques a su soberanía, ya sean económicos (supuesta prima de riesgo), violentos (supuestos terroristas o invasores imaginarios o reales) y vivir con la paz suficiente como para poder prosperar.


Como he dicho, a los entendidos en derecho nos toca solucionar la legalidad que se ha vulnerado, a los economistas explicar que se puede vivir más con menos, a los agricultores cosechar materia prima de calidad y no de Monsanto, a los actores dejar de venderse cutremente en los anuncios, series y películas que nos venden ideas cutres e interesadas por multinacionales de vida, a los funcionarios trabajar con dignidad, a los policías buscar y atrapar a los culpables de esta vulneración del Estado de Derecho, a los publicistas empezar a anunciar cosas útiles sin lavar cerebros, a los pequeños empresarios luchar por lo suyo sin que les coloquen en la acera pivotes pagados por el Corte Ingles para que sus clientes no puedan aparcar, etc... a todos nos toca, sea cual sea nuestra profesión, intentar hacer las cosas mejor. En cuanto a los políticos... a pesar de mi defensa a las AdP, y con la certeza y seguridad de que hay algunos honrados, creo que es hora de que llegue la Democracia al mundo y además tenemos Internet. Creo que es hora de que se aparten a un lado, pues ¿ Quién sino el pueblo va a luchar mejor por sus intereses? Además, primar al 50% de una nación tiene que sear harto complicado, pero primar a un ministro, es sumamente fácil.


No es tarde. Podemos cambiarlo. Reforma de la Constitución Española para permitir que el pueblo tome decisiones, además haya referendums vinculantes y se protejan de verdad nuestras instituciones y derechos como individuos y colectivo. Tenemos que empezar por ahí. La "polis" somos todos los españoles.




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